Culpables

Daniel García

Madrid - España

 
En España siguen aumentando los niveles de pobreza, y además quiénes menos tienen son los más afectados por esta realidad cada vez más complicada.

Sin embargo, de esto no se habla mucho. Se presta más atención a las dificultades de las clases medias, ciertamente cada vez en situación más precaria, pero que terminan invisibilizando la realidad de quienes siempre han vivido en situación de pobreza.

Bueno, quizás no sean tan invisibles. Sí que se habla de estas personas para señalarlas como chivo expiatorio de responsabilidades que no son asumidas como deberían por parte de la administración pública. Así, se ha promovido una dinámica de culpabilización y criminalización de quienes viven en la pobreza a través de los discursos y prácticas de diferentes órganos de gobierno.

Esto se ha dado a nivel regional, como por ejemplo en el caso de la Rentas Mínimas en Cataluña, que fueron congeladas en el verano de 2011 con la excusa de que era necesario hacer una revisión a fondo, ya que según el gobierno autonómico se habían detectado muchos casos de fraude. En el 2012 este mismo mensaje fue lanzado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, explicando que el fraude que cometían algunas personas perceptoras de esta renta (que está reconocida como derecho subjetivo) hacía que otras personas no pudieran percibirla. Sin embargo, esto no es así, ya que los problemas que está habiendo respecto a la concesión de estas rentas se relacionan más con los cada vez mayores obstáculos que se ponen para acceder a ellas y los plazos de tramitación cada vez más largos.

Otro ejemplo de este tipo de discursos lo encontramos en el área de la vivienda. Tras el revuelo producido por algunos casos de suicidio en relación a problemas relacionados con hipotecas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, declaró que “ninguna familia de buena fe puede quedar en la calle”, atacando así al principio de universalidad de todo derecho, en este caso el derecho a la vivienda. Este planteamiento se ha visto reforzado por las medidas adoptadas en relación a la moratoria de desahucios aprobada en noviembre de 2012, que por un lado introduce unos criterios muy estrictos que no la hacen aplicable más que en situaciones muy concretas, y que por otro lado se dirige solo a los deudores hipotecarios, dejando fuera a la población que no tiene una hipoteca, entre ella la que tienen una situación económica más frágil y la que vive en edificios de protección oficial. En este sentido, una concreción mayor de hasta dónde puede llegar este discurso se dio al presentar el gobierno de la Comunidad de Madrid un plan de cesión de viviendas de protección oficial a Cáritas para familias desahuciadas, mientras que señalaba a las familias que ocupan pisos vacíos de la propia administración (por no tener acceso a los mismos de otra manera) como las culpables de que no hubiera vivienda pública disponible suficiente (en este sentido es importante señalar que en España se gasta menos y hay peores políticas públicas de vivienda que en el resto de Europa, y se dirige fundamentalmente a clases medias, más que a familias en situación de pobreza).

También en el aspecto laboral se han desarrollado medidas y discursos que desde el gobierno central han avanzado en la línea de señalar a quiénes están en paro como culpables de su situación al no querer buscar empleo, reduciendo las prestaciones sobre todo en el largo plazo bajo la idea de que de esta manera se estimulaba que las personas en paro se movilizasen, o estimulando las políticas de control por encima de las de promoción del empleo.

¿No tienes ingresos suficientes? Culpable ¿No tienes vivienda digna? Culpable ¿No tienes un trabajo estable y reconocido como tal? Culpable.

¿Puede haber mayor injusticia e hipocresía?